Tres años de eutanasia en España: estudio de Luis Espericueta

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• La eutanasia es uno de los temas más sensibles porque afecta la esencia misma de la vida humana: el sufrimiento, la muerte y la dignidad,
• Un académico que se dedica activamente a este tema es Luis Espericueta,
• En junio de este año, Espericueta publicó el estudio “Tres años de la eutanasia en España: datos, controversias y retos“. Por eso el tema de esta entrevista es precisamente este estudio,
• España ha logrado implementar con éxito una ley de eutanasia sólida y garantista, que destaca por su estructura normativa y por el diseño del proceso de tramitación de las solicitudes,
• Hasta finales de 2023, según los informes oficiales del Ministerio de Sanidad, España ha registrado 1.515 solicitudes de ayuda para morir, de las cuales se han realizado 697, aproximadamente el 46% del total,
• La mayoría de las solicitudes correspondieron a eutanasia con administración intravenosa, mientras que el suicidio médicamente asistido representó solo alrededor del 3,8%. Durante los dos primeros años, el lugar más frecuente para realizar el procedimiento fue el domicilio del paciente. Los solicitantes son mayoritariamente personas entre 70 y 79 años, y las enfermedades que justificaban inicialmente la solicitud eran principalmente neurológicas, aunque desde 2023 las enfermedades oncológicas las superaron ligeramente,
• El sistema se perfecciona de manera continua, y el modelo español se está convirtiendo en referencia en la legislación internacional.

La eutanasia es uno de los temas más sensibles porque afecta la esencia misma de la vida humana: el sufrimiento, la muerte y la dignidad. Los debates al respecto suelen provocar fuertes reacciones, ya que el derecho a la vida y el derecho de cada persona a decidir por sí misma cómo terminar su vida están en conflicto. Por ejemplo, los médicos están capacitados para salvar vidas, por lo que participar activamente en el final de la vida plantea dilemas. Algunos ven la eutanasia como un conflicto con el Juramento Hipocrático; otros creen que brindar asistencia para morir con dignidad es una expresión de compasión. Además, está la cuestión de la religión.

Cabe señalar que esta decisión afecta principalmente a la familia y a los seres queridos, provocando sentimientos de tristeza y culpa. Deben aceptar la decisión, afrontarla y, en última instancia, comprender que una persona que formó parte de su vida está muriendo de esta manera. Los países que permiten la eutanasia introducen leyes estrictas y múltiples controles para garantizar que cada decisión sea voluntaria, meditada y justificada.

La primera ley de eutanasia del mundo se aprobó en los Países Bajos en 2001 y entró en vigor el 1 de abril de 2002. El paciente debe solicitar la eutanasia voluntaria e intencionadamente si padece una enfermedad o un dolor insoportable. Todos los casos deben notificarse a las autoridades competentes para el control y la prevención del abuso. Tras los Países Bajos, otros países aprobaron leyes similares: Bélgica (2002), Luxemburgo (2009), Canadá (2015) y Colombia (2015), y cada país ha desarrollado sus propios criterios y controles.

España es el séptimo país en legalizar la eutanasia, con su propia ley, la LORE (Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia). El modelo español se considera uno de los más estrictos de Europa. Las primeras leyes del mundo establecieron un estándar de seguridad, ética y control, reconociendo el derecho del paciente a una muerte digna, pero con condiciones estrictas para prevenir el abuso.

Un académico que se dedica activamente a este tema es Luis Espericueta.

La labor de Luis Espericueta en bioética y derechos humanos

Luis Espericueta es doctorando en bioética y docente investigador en formación en la Universidad de Granada. Forma parte del grupo de investigación ESPACYOS (Ética Salubrista Para la Acción, Cuidados y Observación Social) y del LIBERESP (Laboratorio Iberoamericano de Salud Pública). Es licenciado en Derecho por la UASLP, México, y posee un máster en Filosofía Moral y Política por la Universidad de Salamanca. Ha impartido clases en la Université Le Havre-Normandie y en la Université du Littoral Côte d’Opale, Francia, y cuenta con experiencia como defensor de derechos humanos en su ciudad natal, San Luis Potosí.
San Luis Potosí, la ciudad en la que Francisco Javier Estrada Murguía, el primer físico mexicano, vivió gran parte de su vida y el lugar donde llevó a cabo investigaciones científicas y contribuyó al avance de la tecnología en América Latina.

Entre las publicaciones de Espericueta destacan estudios internacionales sobre solicitudes anticipadas de asistencia médica para morir, análisis de eutanasia en contextos de demencia en España y casos controvertidos como el del “pistolero de Tarragona”. Ha abordado cuestiones de ética transhumanista, violencia y discriminación en comunidades indígenas, así como debates sobre moralidad y derecho en América Latina. Espericueta participa activamente en proyectos de investigación que contribuyen a la generación de conocimiento sobre la bioética aplicada, la justicia social y los desafíos legales y éticos al final de la vida. Asimismo, ha sido consultado por el Parlamento del Reino Unido durante la redacción de su proyecto de ley sobre muerte asistida.

Tres años de la eutanasia en España

En junio de este año, Espericueta publicó el estudio “Tres años de la eutanasia en España: datos, controversias y retos“. Por eso el tema de esta entrevista es precisamente este estudio. Cabe señalar que los tres informes oficiales más recientes sobre eutanasia en España cubren el periodo del 25 de junio de 2021 al 31 de diciembre de 2023. Los informes de 2024 y 2025 aún no se han publicado, es decir, no disponen de datos oficiales recientes.

Este es un tema muy sensible, que requiere no solo acceso y conocimiento médico, sino también comprensión de lo que atraviesa la persona. ¿Qué cree usted que ha funcionado particularmente bien en España?

Luis Espericueta: España ha logrado implementar con éxito una ley de eutanasia sólida y garantista, que destaca por su estructura normativa y por el diseño del proceso de tramitación de las solicitudes. De hecho, considero que es una de las leyes de eutanasia con mayores garantías a nivel mundial. En este sentido, es importante señalar que en España la eutanasia se reconoce como un derecho y una prestación sanitaria. Personalmente, estimo que estos tres años han servido para integrar esta nueva práctica médica en los servicios de salud. Un ejemplo destacado es la creación de “equipos referentes”, cuya función es asesorar, acompañar y brindar apoyo a los profesionales de cada ámbito territorial en el tratamiento de solicitudes de ayuda para morir.

Resumen del estudio

España aprobó el 18 de marzo de 2021 la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), mediante la cual se regula el derecho de las personas con enfermedades graves, crónicas o incurables a solicitar el fin de su vida con asistencia médica. La ley entró en vigor el 25 de junio de 2021, convirtiendo a España en el séptimo país del mundo que legaliza la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Aunque en la ley se utiliza el término “eutanasia”, en la práctica también abarca el suicidio médicamente asistido. La diferencia es importante: en la eutanasia, el médico administra activamente la sustancia letal, mientras que en el suicidio médicamente asistido, es el propio paciente quien toma el medicamento preparado, bajo supervisión médica. La ley española emplea el término “ayuda médica para morir” como concepto amplio que incluye ambas prácticas.

Hasta finales de 2023, según los informes oficiales del Ministerio de Sanidad, España ha registrado 1.515 solicitudes de ayuda para morir, de las cuales se han realizado 697, aproximadamente el 46% del total. El resto de las solicitudes se resolvieron mediante retirada, aplazamiento, denegación o fallecimiento del solicitante antes de completar el procedimiento. Cabe destacar que la eutanasia sigue representando un porcentaje pequeño del total de defunciones en el país: 0,01% en 2021, 0,06% en 2022 y 0,07% en 2023, cifras muy inferiores a las previsiones iniciales (alrededor del 5%) y comparables con países como Países Bajos y Canadá.

La mayoría de las solicitudes correspondieron a eutanasia con administración intravenosa, mientras que el suicidio médicamente asistido representó solo alrededor del 3,8%. Durante los dos primeros años, el lugar más frecuente para realizar el procedimiento fue el domicilio del paciente. Los solicitantes son mayoritariamente personas entre 70 y 79 años, y las enfermedades que justificaban inicialmente la solicitud eran principalmente neurológicas, aunque desde 2023 las enfermedades oncológicas las superaron ligeramente.
Los retos incluyen la intervención judicial de terceros, retrasos en el acceso a la ayuda, la declaración de objeción de conciencia de algunos médicos y la adaptación del sistema para pacientes con demencia y con instrucciones previas. Aún así, el sistema se perfecciona de manera continua, y el modelo español se está convirtiendo en referencia en la legislación internacional.

Legalización de la eutanasia en España

“Esta nueva disposición legal, que entró en vigor el 25 de junio de 2021, convirtió a España en la séptima jurisdicción del mundo en despenalizar y regular tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido.” ¿Qué cree usted que España ha tenido la oportunidad de aprender de otros países, y qué tan importante es la opinión pública en este caso? ¿Qué aspectos aún necesitan mejorar?

Luis Espericueta: España fue el cuarto país de Europa en legalizar la eutanasia. Aunque los países del Benelux cuentan con una amplia experiencia en su aplicación, España ha desarrollado un modelo con características propias. Por ejemplo, para que una persona pueda acceder a la eutanasia en España, además de las evaluaciones de dos médicos, su solicitud debe ser revisada por una comisión interdisciplinar y especializada (la “Comisión de Garantía y Evaluación”). En los países del Benelux no existe este control previo, lo que convierte la medida española en un mecanismo adicional de supervisión y garantía del cumplimiento legal. Este modelo de control interdisciplinar, además, es el que ha seguido la ley portuguesa de ayuda para morir (aún no en vigor) y ha sido tomado en consideración por parlamentarios británicos en la elaboración de su respectivo proyecto de ley.

Por otro lado, creo que el proceso de legalización de la eutanasia y su aceptación social en España se ha visto influido por casos españoles mediáticos, como el de Ramón Sampedro, cuya historia inspiró la película Mar adentro, galardonada con el Óscar a la Mejor Película Extranjera en 2005. Asimismo, organizaciones como Derecho a Morir Dignamente (DMD) han contribuido a sensibilizar a la sociedad, promover el debate público y defender el reconocimiento legal del derecho a una muerte digna.

En la práctica existen desafíos. ¿Cuál considera que es el más crucial de resolver en el futuro? “Otro de los grandes retos en España es asegurar un adecuado acceso a la ayuda para morir.” Esta es una cuestión muy importante – ¿cuál cree usted que sería la solución?

Luis Espericueta: Actualmente no hay ninguna duda legal sobre la legitimidad jurídica de la ayuda para morir en España. Por lo tanto, el reto más importante es mantener y mejorar lo logrado. En este sentido, si bien ha habido grandes polémicas en torno a algunos casos mediáticos, creo que uno de los desafíos más importantes es conseguir hacer más eficiente la gestión de las solicitudes de eutanasia.

Este desafío se refleja en varios aspectos; por ejemplo, en 2023, una de cada cuatro personas que solicitó la eutanasia falleció antes de que el proceso pudiera completarse. Para algunos especialistas, una de las posibles causas de esto es que se comunica a los pacientes terminales la opción de la prestación de ayuda para morir en un momento muy avanzado de su enfermedad.  En cualquier caso, uno de los retos ineludibles es reducir el tiempo transcurrido entre la solicitud y la aplicación de la eutanasia. En 2023, la media fue de 67 días, mientras que en condiciones óptimas el procedimiento podría completarse en poco más de 35 días.

Por último, y no menos importante, es necesario identificar los posibles obstáculos en el acceso a la eutanasia. No puede descartarse que el número real de personas que desearan solicitarla fuera mayor al registrado oficialmente, debido a casos en los que el médico responsable podría ser objetor de conciencia —sin haberlo declarado— y en los que la persona solicitante no lograra encontrar a otro profesional disponible.

Entre las medidas que ayudarían a garantizar el acceso a la eutanasia podrían mencionarse la continuidad en la formación y especialización del personal sanitario en materia de ayuda para morir, asegurar que estos profesionales dispongan de condiciones laborales adecuadas y perfeccionar los sistemas de recopilación y análisis de datos. Este último aspecto es fundamental para identificar posibles desigualdades territoriales o demoras en la tramitación, y podría fortalecerse aprendiendo de la experiencia internacional. En este sentido, cabe mencionar algunas propuestas, como la creación de un Observatorio Global de la Ayuda Médica para Morir.

“El 16 de junio de 2021, casi tres meses después de la aprobación definitiva de la LORE, 50 diputados del Grupo Parlamentario VOX interpusieron un recurso de inconstitucionalidad… El Tribunal concluyó que la ley de ayuda para morir es plenamente legítima y constitucional, y desestimó el recurso.” Aquí también podríamos mencionar el Juramento Hipocrático, pero el hecho es que las personas que solicitan esto atraviesan sufrimientos indescriptibles, y para ellas tal paso es extremadamente difícil, al igual que para sus familias. ¿Qué importancia tienen las palabras de los políticos cuando hablamos de eutanasia? Vivimos en una época en la que muchas enfermedades destruyen la calidad y la dignidad de la vida de los pacientes. ¿Debería ser la profesión médica la que tenga la última palabra?

Luis Espericueta: Los políticos tienen la responsabilidad de materializar las demandas de la ciudadanía que los eligió. En este sentido, es relevante señalar que la ley de eutanasia aprobada en el Parlamento español tiene el carácter de “ley orgánica”, lo que garantiza un mayor nivel de estabilidad y protección jurídica, dado que este tipo de leyes requieren procedimientos legislativos más estrictos y proporcionan un marco sólido para su aplicación.

Cabe destacar que, a diferencia de otros países donde la despenalización de la eutanasia surgió de resoluciones judiciales, en España su reconocimiento se alcanzó a través de una mayoría absoluta parlamentaria. Ello refuerza la legitimidad de la norma, posteriormente consolidada por el Tribunal Constitucional al vincular la eutanasia con el derecho fundamental a la integridad física y moral.

En este contexto, los políticos no solo deben respetar la ley de eutanasia, sino también garantizar que su desarrollo normativo y los protocolos asociados respondan adecuadamente a las necesidades de quienes la solicitan y de los profesionales sanitarios encargados de su aplicación. En este último aspecto, los investigadores desempeñamos un papel clave al analizar su implementación y proponer mejoras basadas en la evidencia.

Análisis de datos, desafíos y apoyo

“Según los tres informes anuales sobre la ayuda para morir publicados hasta la fecha por el Ministerio de Sanidad, que abarcan el período del 25 de junio de 2021 al 31 de diciembre de 2023, en España se han registrado un total de 1515 solicitudes de esta prestación sanitaria.” ¿Le sorprendió esta cifra? ¿Cree que es un número alto?

Luis Espericueta: Esta cifra es relativamente baja si la comparamos con otros países. Por ejemplo, en Canadá, que tiene casi 9 millones de habitantes menos que España, hubo 19,660 solicitudes tan solo en el 2023. Asimismo, en Nueva Zelanda —un país con aproximadamente nueve veces menos población que España— se registraron 1,066 solicitudes en su último informe anual. Esta notable desproporción ya había sido identificada hace dos años.

“En los tres años analizados, la mayoría de los solicitantes pertenecía al grupo de 70–79 años.” ¿Podrían estos datos servir de alguna manera para brindar apoyo adicional a las personas mayores? ¿Reciben suficiente apoyo emocional?

Luis Espericueta: Estos datos sí que son similares a los de otros países. Según los últimos informes oficiales, en Canadá la media de edad de las personas que recibieron la eutanasia se situó en esa misma década de la vida, mientras que en Nueva Zelanda, el 79 % de los solicitantes tenía 65 años o más. Muy probablemente, estas cifras estén asociadas a los tipos de enfermedades y a las formas en que se manifiestan en pacientes de edad avanzada.

Por otro lado, en España, la ley de eutanasia establece en su artículo 5.1.b) que todo solicitante debe ser informado sobre el acceso a cuidados paliativos integrales y a las prestaciones o servicios de acuerdo con la normativa de atención a la dependencia. En este contexto, es relevante destacar que las comisiones encargadas de evaluar las solicitudes son interdisciplinares, contando con trabajadores sociales y profesionales de salud mental, lo que garantizaría un enfoque integral y atento a las necesidades del paciente en edad avanzada.

Eutanasia y cultura de donación en España

“En efecto, en 2023, 271 solicitudes se atribuyeron a enfermedades oncológicas, frente a 266 correspondientes a patologías neurológicas.” Ese fue también el período posterior a la pandemia. ¿En qué medida cree usted que la pandemia pudo influir en su decisión?

Luis Espericueta: No existe ninguna evidencia de que la pandemia haya podido influir posteriormente en las solicitudes de ayuda para morir. En este sentido, cabe recordar que la ley de eutanasia española entró en vigor el 25 de junio de 2021, un año después del fin del último confinamiento en España. Además, durante ese primer año se registraron únicamente 173 solicitudes, frente a las 576 de 2022 y las 766 de 2023. La diferencia observada en el primer año podría explicarse por el hecho de que la eutanasia se legalizó a mitad de 2021 y el sistema apenas comenzaba a ponerse en marcha. Es probable, por tanto, que el incremento posterior de solicitudes responda a la progresiva consolidación de los procedimientos y estructuras administrativas necesarias para su aplicación.

“El 9% de las personas que recibieron la prestación de ayuda para morir expresó el deseo de donar sus órganos tras el fallecimiento.” Nadie puede permanecer indiferente ante este tema, pero debo preguntar: ¿Qué tan preparada debe estar una sociedad y un país para una ley de este tipo?

Luis Espericueta: España es líder mundial en donación y trasplante de órganos, con una cultura de donación profundamente arraigada. Varias décadas de experiencia en este ámbito han permitido que la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), junto con el personal sanitario, haya desarrollado protocolos adecuados para gestionar las particularidades de la donación de órganos tras eutanasia, buscando garantizar la seguridad y respeto para los pacientes. Además, cabe destacar que este nuevo tipo de donación no es exclusiva de España, sino que también ocurre en países como Canadá, Bélgica y Países Bajos.

Fortalecimiento del modelo español de eutanasia mediante un esfuerzo constante

En relación con su estudio, ¿qué parte le abrió nuevas preguntas y qué es lo más importante que le gustaría que la gente supiera sobre la eutanasia en España?

Luis Espericueta: Gracias al contacto que he tenido con algunos profesionales sanitarios implicados en la tramitación de solicitudes de eutanasia, solicitantes y familiares de personas que han solicitado la ayuda para morir, responsables políticos y asociaciones que promueven una muerte digna, puedo afirmar que existe un esfuerzo constante, serio y transversal por consolidar los avances alcanzados y fortalecer el modelo español, que ya se ha convertido en un referente para otras legislaciones internacionales.

El trabajo de Luis Espericueta contribuye significativamente al conocimiento necesario para comprender mejor las decisiones al final de la vida. Gracias a estudios como los suyos, podemos aprender más sobre los desafíos legales, sociales y médicos que surgen al implementar prácticas de muerte asistida. Aunque la eutanasia es un tema que genera intensos debates y profundas emociones, es importante abordarlo con humanidad.

Esta es una oportunidad para proteger la dignidad humana y brindar el apoyo adecuado a quienes enfrentan enfermedades graves o incurables, que son, de hecho, los más importantes.

Imagen cortesía de Luis Espericueta

Información adicional

Las declaraciones de Luis Espericueta son de carácter personal y no reflejan necesariamente las posturas de los grupos de trabajo con los que colabora.

El presente trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación del Gobierno de España (10.13039/501100011033) en el marco del Proyecto de I+D+i «INEDyTO II» (PID2020-118729RB-I00) y de las «ayudas para contratos predoctorales» (PRE2021-098759), así como por el «Proyecto Ariadna: Evaluación de los Factores que Condicionan los Procesos de Duelo Antes y Después de la Muerte por Eutanasia» (PPJIB-2024-55, Universidad de Granada). Funding for open access charge: Universidad de Granada/CBUA.